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| José Serrano |
lunes, 22 de octubre de 2012
Ministro Serrano niega información sobre caso de narcotráfico
Empezó a operar la disposición de Rafael Correa, de no entregar información a los asambleístas, como una auténtica “veda informativa”, sostiene el legislador de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez.
Jiménez denuncia que el ministro del Interior, José Serrano, se negó a remitir la información solicitada desde el 30 de agosto del 2012, sobre al caso de narcotrafico Resurgir, en especial el informe de la Policía de Cataluña (España), en el cual se revela que militantes de Alianza País y funcionarios del gobierno aparecen relacionados con el citado caso, cuyo cabecilla es el ciudadano Marco Vinicio Chávez Vallejo, exasesor de la Embajada en España, extesorero de campaña del Moviento PAIS en Europa, además, aparece involucrado el asesor presidencial, Mario La Torre, agrega el legislador.
"Rafael Correa está asustado, no quiere que revienten otros casos de corrupción, más graves que el caso Duzac, como son los negociados en la exportación de petróleo, narcotráfico, y en particular el informe de la policía española", sostiene Jiménez en un boletín de prensa.
Ésta es la razón por la cual Correa, intenta ocultar la información y amenaza con desituir a los funcionarios que remitan documentos a los asambleístas, agrega el asambleísta.
El legislador remitió al presidente Fernando Cordero, el oficio enviado por el ministro José Serrano, y una solicitud de aplicación de las sanciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, así como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en contra de los funcionarios que vulneren el libre acceso a la información.
Jiménez recuerda que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el art. 9, dice: “El titular de la entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso”; y, el art. 23, señala: “Los funcionarios de las entidades de la Administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, de la siguiente manera: a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario equivalente que se halle percibiendo a la fecha de la sanción; b) Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días calendario, sin derecho a sueldo o remuneración por el mismo lapso; y, c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de información. Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes nominadores.” ...
El asambleísta recuerda también lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en el art. 110, contempla: “Las y los asambleístas tienen los siguientes deberes y atribuciones: 3. Solicitar directamente información a las y los servidores públicos, según el trámite previsto en la ley”; y, art. 75, de la misma Ley, dispone: “Las y los asambleístas tienen la facultad de requerir información a las y los funcionarios detallados en los artículos 120, numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República”. En caso de que en un plazo de quince días dichos funcionarios no entreguen la información o la entreguen de forma incompleta, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, remita la documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas.
El art. 76, Ibídem, establece: “La comisión especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información. Para ello, la funcionaria o funcionario público, en un plazo de quince días, comparecerá en persona ante la comisión, previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político”.
http://www.ecuadorenvivo.com/20121016100155/politica/ministro_serrano_niega_informacion_sobre_caso_de_narcotrafico.html#.UH3hTJrj4P8.facebook
Jiménez denuncia que el ministro del Interior, José Serrano, se negó a remitir la información solicitada desde el 30 de agosto del 2012, sobre al caso de narcotrafico Resurgir, en especial el informe de la Policía de Cataluña (España), en el cual se revela que militantes de Alianza País y funcionarios del gobierno aparecen relacionados con el citado caso, cuyo cabecilla es el ciudadano Marco Vinicio Chávez Vallejo, exasesor de la Embajada en España, extesorero de campaña del Moviento PAIS en Europa, además, aparece involucrado el asesor presidencial, Mario La Torre, agrega el legislador.
"Rafael Correa está asustado, no quiere que revienten otros casos de corrupción, más graves que el caso Duzac, como son los negociados en la exportación de petróleo, narcotráfico, y en particular el informe de la policía española", sostiene Jiménez en un boletín de prensa.
Ésta es la razón por la cual Correa, intenta ocultar la información y amenaza con desituir a los funcionarios que remitan documentos a los asambleístas, agrega el asambleísta.
El legislador remitió al presidente Fernando Cordero, el oficio enviado por el ministro José Serrano, y una solicitud de aplicación de las sanciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, así como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en contra de los funcionarios que vulneren el libre acceso a la información.
Jiménez recuerda que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el art. 9, dice: “El titular de la entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso”; y, el art. 23, señala: “Los funcionarios de las entidades de la Administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, de la siguiente manera: a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario equivalente que se halle percibiendo a la fecha de la sanción; b) Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días calendario, sin derecho a sueldo o remuneración por el mismo lapso; y, c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de información. Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes nominadores.” ...
El asambleísta recuerda también lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en el art. 110, contempla: “Las y los asambleístas tienen los siguientes deberes y atribuciones: 3. Solicitar directamente información a las y los servidores públicos, según el trámite previsto en la ley”; y, art. 75, de la misma Ley, dispone: “Las y los asambleístas tienen la facultad de requerir información a las y los funcionarios detallados en los artículos 120, numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República”. En caso de que en un plazo de quince días dichos funcionarios no entreguen la información o la entreguen de forma incompleta, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, remita la documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas.
El art. 76, Ibídem, establece: “La comisión especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información. Para ello, la funcionaria o funcionario público, en un plazo de quince días, comparecerá en persona ante la comisión, previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político”.
http://www.ecuadorenvivo.com/20121016100155/politica/ministro_serrano_niega_informacion_sobre_caso_de_narcotrafico.html#.UH3hTJrj4P8.facebook
viernes, 19 de octubre de 2012
Ofrecen $ 17 mil a quien dé información de Glas Viejó
Ofrecen $ 17 mil a quien dé información de Glas Viejó
"Ante la negativa del Ministerio del Interior, que tampoco ha cumplido con la promesa hecha por el señor (José) Serrano y porque sabemos que Glas Viejó está en Guayaquil y la Policía no ha hecho nada por capturarlo tomamos la decisión de ofrecer una recompensa", expresó ayer Pedro Granja, patrocinador de la madre demandante y uno de los profesionales que aporta con $ 2.000 del total.
El resto del dinero será colaboración de Alfonso Luz Yunes y Juan Vizueta, principales del Colegio de Abogados, que esperan aumentar la suma "para incentivar a la gente a que nos ayude a encontrar al degenerado que tanto daño hizo a una familia pobre", dijo ayer Granja.
Entre junio y julio pasado la asambleísta María Paula Romo (Ruptura) sugirió al ministro del Interior, José Serrano, que incluya a Glas Viejó en la lista de los más buscados, sin embargo, él le respondió a Romo: "Recuerdo las veces que usted denunció persecución a familiares suyos, qué triste que ahora caiga en esos mismos vicios absurdos de la politiquería". Además le dijo: "...Confunden la presunción de inocencia y otras garantías, respetadas por el Ministerio (del Interior), con asuntos de orden particular".
DEMANDA LABORAL
Por otra parte, se conoció que el doctor Martín Acosta se encargará de patrocinar a la madre de la menor en la demanda laboral contra Glas Viejó, para quien –ella asegura– trabajó quince años y se quedó desempleada en septiembre del 2011 cuando lo denunció como el violador de su hija. La mujer cuenta que primero laboró como empleada doméstica para la familia del imputado y después, además de encargarse del bar del centro educativo Hans Christian Andersen donde él fungía como director, se encargaba de la limpieza de la casa y le cocinaba.
Durante ese tiempo Glas Viejó nunca la afilió al IESS, asegura la madre demandante.
http://unvrso.ec/00046EE
miércoles, 30 de mayo de 2012
Ministro Serrano se defiende con el libreto oficial del 30-S
Durante 40 minutos, César Montúfar detalló las violaciones legales que, según él, cometió el ministro.
Sentado en primera fila de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea estuvo el coronel César Carrión: quería presenciar las comparecencias que se efectuaron ayer debido a la amenaza que recibió el juez que lo declaró inocente, el pasado 13 de mayo.
El exdirector del Hospital de la Policía estuvo acompañado de su esposa y de sus dos hijos. Ellos y el resto de asistentes tuvieron que esperar en una sala llena: la sesión se inició a las 10:30, una hora más tarde de lo programado, debido a la impuntualidad de los asambleístas de PAIS.
Con el quórum reglamentario, la socialista Silvia Salgado, presidenta de la Comisión, dio paso a la intervención de César Montúfar (Concertación Nacional Democrática). Él argumentó que por qué el ministro del Interior, José Serrano, debe ser enjuiciado políticamente. Su exposición duró 40 minutos. Montúfar detalló las violaciones legales y constitucionales en que, a su juicio, incurrió Serrano cuando amenazó al juez Hugo Sierra. Dijo que el funcionario abusó de su cargo y eso, a sus ojos, "es claramente un delito político". Incluso recordó que el juez a cargo del caso Carrión admitió que el ministro Serrano lo visitó en su oficina varios días antes de que se emita el fallo.
Carrión escuchaba y a veces respaldó, con gestos, los cargos que Montúfar formuló contra el ministro y que le valieron aplausos en la sala. Sin embargo, Silvia Salgado pidió mantener el silencio durante el resto de la intervención.
Justo en ese momento, el ministro Serrano llegó a la Asamblea acompañado de funcionarios y personal de seguridad. Velozmente cruzó el pasillo y por alrededor de 15 minutos esperó en la oficina de la vicepresidenta de la Asamblea Irina Cabezas (PAIS).
A las 11:20 fue su turno. Ingresó y a la distancia Carrión y su esposa lo miraron fríamente. Serrano se mostró tranquilo. Estaba entre los suyos. Asambleístas como Rosana Alvarado, Paco Velasco y Dora Aguirre estaban presentes. El ministro se parapetó tras los acontecimientos del pasado 30 de septiembre.
Durante casi una hora repitió el guion gubernamental: intento de magnicidio, intento de golpe de Estado, dictámenes nefastos en el proceso judicial… Entonces Ramiro Terán (MPD) reparó en que esos no eran los temas por los cuales se estaba pidiendo el juicio político en su contra y pidió a Serrano que se centre en la acusación planteada por Montúfar.
Silvia Salgado lo dejó continuar. Algo que, dijo Terán, no se le permitió a Montúfar cuando los judiciales de Cotopaxi iban a relatar cómo intervino el ministro Serrano en el denominado caso La Cocha.
Los ánimos se caldearon y hasta hubo un fuerte cruce de palabras entre Serrano, Galo Lara (PSP) y Paco Velasco. Entretanto, Carrión sonreía de forma irónica cada vez que el ministro hablaba de democracia y debido proceso.
Ahora la Comisión debe elaborar un informe para archivar o aceptar el pedido de juicio. Tiene plazo hasta el 30 de junio.
Gabriela Fajardo Suárez - Redacción Quito
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2310415&idcat=19308&tipo=2
sábado, 21 de abril de 2012
Delitos de Correa
No pocas veces oímos calificar a Rafael Correa como hombre de inteligencia superior de sobrada preparación y de detallada y preconcebida idea de lo que iba a hacer en su gobierno.
Pero, haciendo camino al andar, nos ha demostrado ser un adolescente de cuarenta años con actitudes de infante engreído que patalea como niño malcriado si las cosas no salen como él quiere, insultando a los causantes de su trastorno y vengándose de ellos, viendo la forma de conseguirlo a cualquier precio, cual si no hubiera constitución y leyes.
Su pre calificada como "extraordinaria inteligencia" ha perdido lo de "extra" y si no llega a "ordinaria", tampoco excede la mucha que tienen millares de ecuatorianos que la utilizan en mejor y más democrática forma.
Se lo promocionaba como "estadista" siendo solo un "estatista" enemigo de la democracia que ofende a la población pensante y se aprovecha de la ignorante con sus frases discordantes y ofensivas a nuestra libertad, a nuestros derechos.
Lejos de tomar actitudes cívicas que lleven a pensar dos veces a las FF.AA. Y la PP.NN. Antes de obedecer las ordenes inconstitucionales que ha dictado y que anuncia dispondrá, muchos de nosotros, soslayándo nuestra responsabilidad histórica, rayando en lo cobarde , aún sin caer en cuenta, en vez de reclamar vigorosamente su alejamiento constitucional , escribimos tenues reclamos llamándolo "Su Majestad". (Yo no lo he hecho, ni a título de burla)
No se advierte, acaso, dada la conducta demostrada, que ese calificativo no lo hace recapacitar sino que, por lo contrario, lo hace sentirse ensalzado, imaginándose desde ya que pasará a la historia como "El Presidente Rey" y no como "Rafa el Irascible o el Malcriado"
Ofende a la constitución y reprime nuestra libertad y nuestros derechos cuando exige a su gabinete que no tomen en cuenta al Congreso y añade que éste será disuelto como primera decisión de la asamblea Constituyente, ante la cual, incluso, él renunciaría.
Por asqueroso y repudiable que sea el Congreso, (que lo es) un presidente de la república no puede decir semejante barbaridad que crea resquemor en los inversionistas extranjeros y en nosotros mismos por la inseguridad jurídica que conlleva. Eso es desconocer un poder del estado y quien eso hace, delinque.
El Presidente de la República, cualquiera que éste sea y aunque sea cualquiera, podrá ser enjuiciado de dos formas: Políticamente, por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito; y , Penalmente, por la comisión de estos mismos y cualquier otro delito. Así lo establecen los numerales 1 y 10 del artículo 130 de la constitución.
Coincidencialmente el mismo artículo (130) pero del Código Penal dice:
Capítulo III
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO
"Art. 130.- El que en cualquier forma o por cualquier medio se alzare contra el Gobierno, con el objeto de desconocer la Constitución de la República, deponer al Gobierno constituido, impedir la reunión del Congreso o disolverlo, o provocar la guerra civil, será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años.
El acto existe desde que hay tentativa punible."
"Art. 131.- La conspiración encaminada a conseguir alguno de los fines mencionados en el artículo anterior, será reprimida con prisión de seis meses a tres años."
DE LA INSTIGACIÓN PARA DELINQUIR
"Art. 386.- El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, cuando el instigador no puede ser considerado legalmente como correo, será reprimido, por la instigación y aunque el delito no se hubiere perpetrado, con prisión de quince días a dos años, según la gravedad del delito instigado."
Claramente hay causales de enjuiciamiento tanto político como penal a lo que se ha hecho acreedor el Presidente de la República, pero, de acuerdo a la norma madre, solo el Congreso puede enjuiciar políticamente y autorizar el enjuiciamiento penal contra el Presidente que se encuentre incurso en la comisión de los delitos de los que hablan los artículos transcritos.
La partidocracia calla sospechosamente al no aclarar a la ciudadanía, o al menos a sus afiliados, que el Presidente no puede renunciar más que ante el Congreso y no ante la Asamblea Constituyente. Tampoco informa que la Asamblea de "Plenos Poderes" no los tiene para disolver el congreso, aunque la población entera quisiera que lo hiciera, pero en ácido sulfúrico.
Que el presidente pida a la Asamblea que mande a la casa a los congresistas, se encuadra en lo estipulado en el referido artículo 130 del Código Penal, que califica tal in conducta como delito contra la Seguridad Interior del Estado.
La razón por la que la Asamblea no puede disponer ni la disolución del congreso ni el nombramiento del portero suplente de la más abandonada tenencia política del país, es por que, SOLO ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE se la ha convocado para elaborar una nueva constitución, la que no regirá al menos que los ecuatorianos la aprobemos en referéndum. Permítanme recordar el artículo primero del estatuto que aprobamos en la última consulta:
"ARTÍCULO 1.- DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.- La Asamblea Constituyente es convocada por el pueblo ecuatoriano y está dotada de plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado, y para elaborar una nueva Constitución.
La Asamblea Constituyente respetará, profundizando en su contenido social y progresivo, los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.
El texto de la Nueva Constitución será aprobado mediante Referéndum Aprobatorio
La transformación del marco institucional del Estado y la nueva Constitución solo entrarán en vigencia con la aprobación, en referéndum,de la nueva constitución".
Si el estatuto dice textualmente lo anterior, ¿por que se pretende confundir a los ciudadanos, sosteniendo que tan pronto se instale la Asamblea ésta puede concentrar todos los poderes y hacer lo que le venga en gana. Para eso no los hemos elegido asambleístas , si se salen de su mandato debemos desconocerlos y obligar a la fuerza pública a no obedecer sus ordenes por no tener asidero jurídico alguno. Si no nos respaldan, habrá que enjuiciar a sus comandantes que son los responsables de las ordenes que ilegalmente impartan y a sus inferiores, por cumplirlas. Obviamente estos enjuiciamientos tendrán lugar al volver la democracia.
La separación de los poderes, ahora llamadas "funciones del estado, garantiza al ciudadano la inexistencia del despotismo, como sostenía, siglos ha, Montesquieu.
¿Porqué el Congreso no actúa?¿ porqué nuestros "lideres" callan sobre éste tema? ,¿o es que piensan pescar a río revuelto? La prensa que tiene la obligación de informar con oportunidad y objetividad, podría ser de gran ayuda. Concienciar es una buena forma de empezar nuestra defensa, cuya dilación nos hace responsable ante nuestros hijos y nietos. Hagámoslo.
Jaime Vernaza Trujillo.
Las Amenazas de José Serrano
En el Ecuador ya es de conocimiento general la forma sucia de desenvolverse de los miembros de la Revolución Ciudadana poniendo demandas a todo parsona o institución a la que desean intimidar.
Es así que el Ministro del Interior José Serrano Salgado acostumbrado a poner demandas a todo el que no comparte el criterio de la Revoliución Ciudadana ha amenazado nuevamente con iniciar un juicio a Teleamazonas, pues según él, este medio de comunicación habría indicado que en las marchas indígenas existieron enfrentamientos y se dispararon gases lacrimógenos.
Sin embargo, el diario El Telégrafo -hoy usado como pasquín de la revolución ciudadana - indicó algo similar a Teleamazonas. ¿Será que el Minsitro Serrano pone juicio al diario El telégrafo?
Miremos lo que Serrano escribe en su cuenta de Twitter y miremos la publicación de El telégrafo:
Es así que el Ministro del Interior José Serrano Salgado acostumbrado a poner demandas a todo el que no comparte el criterio de la Revoliución Ciudadana ha amenazado nuevamente con iniciar un juicio a Teleamazonas, pues según él, este medio de comunicación habría indicado que en las marchas indígenas existieron enfrentamientos y se dispararon gases lacrimógenos.
Sin embargo, el diario El Telégrafo -hoy usado como pasquín de la revolución ciudadana - indicó algo similar a Teleamazonas. ¿Será que el Minsitro Serrano pone juicio al diario El telégrafo?
Miremos lo que Serrano escribe en su cuenta de Twitter y miremos la publicación de El telégrafo:
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